Reválidas Comunidad Valenciana

-Lomce características. 

1-. RELIGIÓN Y SU ALTERNATIVA
Los alumnos podrán cursar simultáneamente religión confesional y una alternativa de formación en valores en primaria y ESO, que se llamará, según la etapa, Valores Sociales o Culturales o Valores Éticos. Desaparece, por tanto, Educación para la Ciudadanía, creada en la reforma de 2006.

 2-. MODELOS LINGÜÍSTICOS
 La lengua castellana y primera lengua extranjera se considerarán troncales, pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que serán materia de especialidad, aunque de estudio obligatorio. Se elimina, por tanto, la inmersión lingüística, que llevaba 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua cooficial. Se establece un mínimo de asignaturas en las dos lenguas oficiales.

 3-. SEGREGACIÓN POR SEXO
La ley elimina la prohibición de subvencionar a los colegios privados que discriminan a sus alumnos por razón de sexo y las administraciones podrán concertar financiación de centros que eduquen separadamente por sexos, siempre que no exista discriminación entre el alumnado. En concreto, la ley dice: "No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (...) por la Unesco (...).

 4-. EVALUACIONES Y RÁNKING
 Entre las principales novedades que incluye el anteproyecto de ley se encuentra la implantación de evaluaciones que diseñará el Ministerio de Educación a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.

 5-. BACHILLERATO
 En bachillerato, solo se podrá repetir una vez por curso y excepcionalmente dos veces un mismo curso. Se pasará de un curso a otro con hasta dos suspensos, de los que los estudiantes deberán matricularse nuevamente. El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes, según decidan comunidades y centros. Habrá que superar una evaluación final para obtener el título de bachiller, que versará sobre troncales y específicas. El título facultará para acceder a la educación superior, aunque las universidades pueden valorar además formación complementaria y pruebas específicas.

 6-. MAYOR AUTORIDAD DE LOS DIRECTORES Y MÁS ALUMNOS
  Los directores de los centros públicos ganan importancia: Deberán acreditar cinco años de docencia y un curso específico de formación. Podrán fijar requisitos y méritos para los puestos de funcionarios docentes y de interinos. Las comunidades podrán "excepcionalmente" incorporar "expertos" (no precisa si serán nativos) como profesores bilingües o plurilingües con la formación y titulación requerida en cada caso. Además, los docentes se enfrentarán a otro problema: el aumento del ratio de alumnos por clase que se ampliará un 10%.

7-. NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL 
  La nueva ley crea una FP llamada "básica", que consta de dos cursos y se destina a alumnos de entre 15 y 17 años de segundo o tercero de ESO con dificultades de progreso. Es gratuita, parte de la enseñanza obligatoria y permitirá adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO. El Gobierno regulará las convalidaciones y equivalencias entre FP media y superior y el resto de enseñanzas.

8-. MÁS CONTROL DEL MINISTERIO
El Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas" (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso. Las autonomías perderán, por tanto, capacidad de decisión sobre los contenidos educativos, ya que la reforma educativa aumenta la capacidad del Gobierno central para fijar hasta el 65% de los contenidos de las enseñanzas mínimas para las comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto.